Lo legítimo se asocia a lo auténtico, lo válido, lo aceptable. Cuero legítimo y defensa legítima, aparentemente tan dispares, evocan cosas reconocibles y creíbles por todo el mundo, con pretensión de generalidad. Lo legítimo también se asocia a la convicción y no a la imposición. A nadie debería imponérsele aceptar plástico por cuero, o venganza por defensa; si pudiera escoger libremente, optaría por lo más auténtico, valioso y aceptable. La legitimidad, de este modo, se convierte en la base de la gobernabilidad, entendida como capacidad de dirigir, organizar y hacer que las cosas funcionen en forma previsible, contando con el asentimiento de los ciudadanos, sin engaño y sin el uso de la fuerza, pues todo orden o sistema basado en ellas es precario e inestable.
Los juristas solemos asociar la idea de legitimidad al ordenamiento jurídico como una totalidad, donde la coherencia entre diversas normas o dispositivos (o la forma de resolver las incoherencias con criterios argumentales aceptables) es lo que proporciona legitimidad. La legitimidad no requeriría verificación, pues el ordenamiento jurídico, en cuanto conjunto armónico (o armonizable), sería de evidente aceptación por todos. Las cuestiones del reconocimiento y la convicción quedan por fuera de esta visión, y por ello es que los abogados solemos ser vistos por los legos como jugadores de palabras y argumentadores no diáfanos. Si se introduce la legitimidad se pretende que las normas sean reconocidas y aceptadas fácilmente por todos, y no que sirvan para apoyar únicamente las razones de quienes pueden y quieren utilizar a los abogados.
Varios sondeos de opinión sugieren que las personas desconfían de las leyes, bien porque resultan ineficaces para resolver problemas o porque son utilizadas con ventaja por quienes tienen poder. Estas percepciones sugieren una carencia de legitimidad de la legislación y de los funcionarios que deben aplicarla. Pero poco se hace al respecto, con lo cual se fomenta la aparición y el ejercicio de formas extrajurídicas de control, que pueden variar según los niveles de fuerza que se utilicen: soborno, gratificaciones y violencia individual o colectiva para castigar o neutralizar a determinadas personas. Si bien corrupción y violencia parecieran ser cosas muy distintas, en la medida en que se extienden y normalizan indican carencia de legitimidad del control social formal y la sustitución del marco de la legalidad por uno alternativo, no necesariamente aleatorio o caótico, pero sí más difícil de disponer, aclarar y aplicar para resolver disputas y agravios.
Necesitamos mucha más capilaridad, transparencia, sencillez y sedimentación de las normas que establecemos a través de leyes y reglamentos para fomentar la legitimidad.
Necesitamos, sobre todo, buscar la consistencia entre las bases que se admiten para generar las disposiciones normativas y los principios adoptados en cada caso para hacerlas cumplir.
Sin esta consistencia, declina la legitimidad y disminuye la gobernabilidad.
Luis Gerardo Gabaldón
Tomado del Diario El Universal. 20Ago07.
